La e-justice como una solución a los ataques y difamaciones en redes sociales.
Es común que en Faceboook, Twitter o Instagram se suban contenidos que son falsos o que se encuentran sacados fuera de contexto. Esto puede generar severos daños a la imagen o reputación de las personas, sin que sea posible determinar de forma clara y precisa algún responsable. Queda claro que la repetición de un mensaje o información (llamémosle amplificación del mensaje) en una plataforma electrónica puede tener efectos perniciosos para la vida de las personas, sean estas usuarias o no de una red social.
La arquitectura misma de las redes diluye la responsabilidad sobre el mensaje que es transmitido. De esta forma, rara vez es posible saber quién fue el responsable de publicar una nota, un comentario, una imagen (reala o alterada) en una red social. Esto hace muy complicado que se puedan activar cierto tipo de figuras o medidas que si resultan eficaces respecto de medio de comunicación tradicionales como los periódicos, la radio o la televisión.
Este es un problema que afecta a los derechos de autor, puesto que la mera posibilidad de copiar un mensaje o imagen al infinito hace muy complicado encontrar a los infractores directos.
Ahora bien, el problema es claro: no es posible ubicar al responsable y la persona afectada carece de la posibilidad de saber quién es el responsable directo de difundir la información y evitar que la misma se siga replicando dentro de la red.
Por tanto, independientemente de que existen las vías jurisdiccionales correspondientes para hacer valer un reclamo de este tipo, se pierde de vista el daño que se genera a la persona en su honor, reputación, dignidad e imagen y que no podrá ser reparado de manera alguna.
El precedente de Costeja vs. Google del Tribunal Europeo de Justicia no es aplicable a este caso, puesto que no estamos frente a hechos ciertos o verdaderos que deban ser olvidados, sino frente a difamaciones o calumnias, es decir información que es falsa y que no tiene ninguna relevancia o interés público.
Tal vez una mejor salida sería la posibilidad de tener resoluciones de disputa en línea. Existen sitios web que cumplen funciones de carácter jurisdiccional para solucionar conflictos que se generan en internet, tales como www.ujuj.com o Square Trade. Podríamos pensar entonces en que las grandes plataformas de redes sociales podrían implementar procesos sencillos de arbitraje que tuvieran algún tipo de sanción o consecuencia dentro del universo de la red social (borrar la información diseminada, suspensión temporal o definitiva de una cuenta, etc.).
La Unión Europea ya cuenta con un sistema de e-justice, que permite que cualquier persona que viva dentro del espacio comunitario pueda acudir a la justicia en línea para resolver reclamos que no pasen un determinado tope monetario.[1] Este es un claro ejemplo de que es posible acceder a una justicia rápida en línea para resolver pequeñas controversias. Además de que esto permite descongestionar a los
De esta forma, se obliga a la persona que reproduce una información a verificar su proveniencia y evitar la propagación de noticias falsas. Por otro lado, este tipo de sistema podrían constituirse como perniciosos para la libre expresión al obligar a que las personas reflexionen en demasía sobre la veracidad de la información que comparten.
Podemos pensar en un diseño procesal que sea menos pernicioso para la libre circulación de la información o las ideas. Así, es posible que la información que se impugna sea señalada pero sin ser eliminada de la red social. En caso de que se compruebe que se trata de información falsa, difamante o calumniosa, deberá quitar la misma, a sabiendas de que ya existe un seguimiento sobre su multiplicación dentro de la red social correspondiente.
[1] https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do